21 de enero de 2012

Extradición de hondureños

En los últimos días el ambiente ha sido cargado de mucha expectación. En el Congreso, la Presidencial y en reuniones de empresarios hubo más pláticas de pasillo que las normales, además de las citas de alto nivel convocadas expresamente para tocar el tema: la aprobación de la extradición de hondureños. Y es que este aspecto legal, que ha requerido una reforma a la Constitución, siempre ha suscitado controversias encendidas porque conlleva la entrega de nacionales para ser juzgados en otro Estado, por la presunta comisión de crímenes en aquellas sociedades.

Pero la aprobación de la reforma, la tarde del jueves 19 de enero, ha revelado la posición de la mayoría absoluta de los  lideres de opinión que han aplaudido la decisión agobiados por los altísimos y graves niveles de violencia originada especialmente por el narcotráfico. Esa reforma bota el escudo de la nacionalidad que usan los capos para evadir sus responsabilidades penales.

Con esta acción, Honduras se suma a otras naciones que se han mostrado dispuestas a acordar la extradición de sus propios nacionales, como México, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Uruguay y Colombia. Estos países comparten el argumento que “la nacionalidad de la persona, sobre quien recaen sospechas ciertas de ser el autor o cómplice de crímenes particularmente graves, no debe ser obstáculo para que las sociedades afectadas por tales crímenes vean insatisfechas sus justas aspiraciones de retaliación (castigo) social y particular.”

Quienes han salido a defender la reforma del artículo 102 de la Constitución de Honduras (que reza: “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero”) coinciden en que es contradictorio asumir el argumento de la nacionalidad para garantizar la impunidad de los autores y cómplices de crímenes graves requeridos en otro país para ser juzgados.

Esta reforma permitirá que los mafiosos no se sientan con tanto poder, ya que están acostumbrados a amedrentar a la población y a los operadores de justicia, aunque estén “encarcelados”. Porque es válido admitir que nuestro sistema penitenciario es débil y que cede ante el poder del dinero, lo que difícilmente ocurre en regímenes fuertes como el de Estados Unidos.

El crimen organizado va desde las mafias del secuestro, narcotráfico, robo de autos y tráfico de armas hasta el sicariato, y hoy en día cuenta con facilidades del transporte y el uso de nuevas tecnologías, lo que obliga a los gobiernos a ejecutar políticas comunes y a fortalecer alianzas para enfrentarlo.

En los tratados que en adelante se suscriban habrá que considerar el planteamiento de quienes se han opuesto a la extradición de los nacionales temiendo la persecución por motivaciones ideológicas o políticas.