3 de enero de 2013

Estado de facto

Con la aceptación de los cuatro abogados designados por el Congreso Nacional como nuevos magistrados en la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte, Honduras ha pasado a ser un Estado de facto.

La afirmación salió de una conversación con la abogada Maribel Espinoza, una valiosa profesional que se ha dedicado al exhaustivo conocimiento de la legislación hondureña y de la Constitución.

Al haberse ampliado ilegalmente los límites del poder del Congreso Nacional, que destituyó a cuatro magistrados y nombró a los nuevos, el país ha entrado en el status de Estado de facto porque se ha permitido el abuso incontrolable de poder ejercido por el Legislativo, razona la abogada en una columna que le solicitamos escribiera para publicarla en LA PRENSA a raíz de la decisión del presidente de la Corte que ayer integró a los nuevos magistrados.

Esta decisión afecta directamente los derechos fundamentales de 8.5 millones de hondureños, quienes decidieron -y así lo manifestaron en su Constitución proclamada en 1982- vivir en un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática, para asegurar a sus ciudadanos el goce de la justicia, libertad y el bienestar económico y social.

Para Espinoza, se trata del absolutismo como forma de gobierno, el que alcanzó su máxima expresión con el rey Luis IV que estaba por encima de la ley: la expresión del Rey era la ley y sus decisiones eran absolutas.

Cuando ayer el presidente de la Corte Suprema da por aceptada la decisión del Legislativo e incorpora a los cuatro nuevos magistrados, permitió que el Congreso se erigiera como un súper poder del Estado, dejando como subordinada a la Corte Suprema de Justicia que no se atreverá a declarar inconstitucional ninguna ley que emitan los diputados, aunque esta sea completamente ilegal, ha escrito la abogada.

Este amargo episodio ha develado que tanto el presidente Lobo como el diputado presidente, Juan Orlando Hernández, se inclinan hacia la concentración del poder que caracteriza al absolutismo que dio lugar, siglos atrás, a la revolución francesa.

La Constitución de Honduras, señala la abogada Espinoza, regula en su artículo 4 que ese abuso de poder es tipificado como delito de traición a la Patria, sin perjuicio que el Código Penal en sus artículo 328 numerales 2 y 3 tipifica además tales conductas como un delito contra la forma de Gobierno.

¿Qué queda por hacer para retornar a la legalidad? Lo único es que el Legislativo rectifique, no hay otro camino.

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